La AAMY declarada entidad de Utilidad Pública

La Asociación de Amigos de la Música de Yecla ha sido declarada de Utilidad Pública por Orden del Ministerio del Interior de 4 de diciembre de 2020.

La ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho  de Asociación, reconoce la importancia del fenómeno asociativo como instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos, y a tal objeto contempla una serie de medidas para facilitar el desarrollo de las asociaciones. Entre estas medidas de fomento se recoge la posibilidad de que las entidades asociativas sin fin de lucro puedan ser declaradas de utilidad pública.

En concreto, el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, señala que, a iniciativa de las correspondientes asociaciones, tal declaración exige la concurrencia de determinados requisitos, que en esencia consisten en que sus fines estatutarios promuevan el interés general, la actividad no beneficie exclusivamente a los asociados, los miembros de los órganos de representación que reciben retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos, cuenten con medios adecuados y organización idónea para el cumplimiento de los fines y se encuentren constituidas, inscritas y en funcionamiento durante los dos años anteriores a la solicitud.

En aplicación de esta normativa, y previa solicitud por nuestra Asociación, se ha instruido el expediente conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1740/2003m de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

En dicho expediente constan las memorias, justificaciones y demás documentos de obligatoria aportación por parte de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, así como los informes de los departamentos y organismos competentes, incluido el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda.

Examinada, por tanto, la normativa aplicable y la documentación que obra en el procedimiento, se pone de manifiesto que la Asociación de Amigos de la Música de Yecla reúne todos los requisitos necesarios para obtener la condición de utilidad pública.

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